Desde hace un tiempo, nos hemos acostumbrado a creer que el razonamiento jurídico
no es otra cosa que una forma posible del razonamiento moral o político: un conjunto de principios y derechos que se supone que nadie puede negar a pesar de que no figuran en ninguna norma jurídica, y que deben ser identificados por los jueces mediante una “interpretación”. Si el interpretativismo hizo colapsar la frontera entre el derecho y la ética o la política, no extraña, entonces, que el positivismo jurídico se haya convertido “en un animal en peligro de extinción”, y que sea necesaria la reivindicación, que esta obra emprende, del derecho como “un sistema institucional con autoridad porque proviene de una fuente convencional”.
Para esta concepción, el derecho que es no tiene por qué coincidir con el derecho tal como nos gustaría que fuera, es decir, “con nuestras creencias morales o políticas”. Después de todo, como señala el autor, “el derecho, que a su vez estipula cuáles son nuestros derechos, no es entonces en sí mismo un instrumento de justicia, sino un sistema normativo institucional diseñado esencialmente para resolver conflictos sobre la justicia”.
La ley es la ley no solo es una obra importante por la discusión que establece
acerca de las posiciones en pugna en la filosofía del derecho, sino también
porque realiza una contribución central para la toma de conciencia del peligro
que entraña para el sistema jurídico y político la extinción del positivismo, es
decir, de la idea de que la ley es la ley, y que por tanto el derecho tiene autoridad
para resolver desacuerdos morales y políticos.