La legislación y demás actos jurídicos que amparan a las personas con discapacidad, tienen como objetivo la igualdad. Sin embargo, ocurre que a menudo se olvida, o simplemente se desconoce, que el tratamiento (el modo y los medios de actuar con ellas) de las personas susceptibles de incorporación social, es decir, de los hombres y mujeres a igualar, es un factor de la máxima relevancia a la hora de conseguir el éxito. La igualdad en la ley, ante la ley, o en la aplicación de la ley, no son máximas que puedan perseguirse a partir de una lectura constitucional, jurisprudencial o doctrinal aislada, que desconozca que el capital humano receptor necesita beber de otras referencias intrínsecamente unidas a la aplicación de los derechos humanos. Por ello la dignidad ha de entrar en juego: el tratamiento digno de la persona discapacitada, que camina parejo a su libre desarrollo de la personalidad, ha de ser una constante en un sistema jurídico de protección integral personal, en el que la igualdad real efectiva sea el objetivo, pero se consiga a través de medios que no socaven al conjunto de los derechos humanos de cada individuo. La dignidad hace descender a la realidad desde una aplicación objetiva deshumanizada del derecho, entendiendo la situación de cada ciudadano o ciudadana con discapacidad, potencial receptor de acciones de los poderes públicos, tras una adecuada ponderación donde los medios empleados para conseguir esos derechos son tan importantes como la consecución misma de un derecho concreto, sea el de igualdad o sea cualquier otro.