La institución del Ministerio Público en nuestro país ha sido para el Poder ejecutivo un eficaz instrumento de incriminación mediante el ejercicio de la acción penal hasta antes de la reforma del 2018 que le otorgo autonomía a la Fiscalía General de la República, situación que aunada a los problemas que enfrentaba el anterior sistema de justicia penal derivó en reformas constitucionales como la del 2008, y en la creación del Código Nacional de procedimientos penales, que sustituyeron el proceso penal inquisitivo por uno adversarial o acusatorio, arrebatándole, en consecuencia, el monopolio en el ejercicio de su imperio. A través de una serie de principios que guían el proceso penal acusatorio, como el de oportunidad, y la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, se busca la despresurización del sistema de justicia punitivo, en beneficio, además, de la víctima u ofendido del delito, velando para que el Ministerio Público centre su actividad en ilícitos que afectan gravemente los bienes jurídicos tutelados y reduzca el uso del derecho penal en los llamados delitos de bagatela. En este contexto resulta fundamental analizar las obligaciones que la referida ley adjetiva nacional le confiere al titular del poder de acusar en el proceso penal adversarial, así como la actual descripción legal del principio de oportunidad penal; tarea a la que se aboca esta obra. Para cumplir con tal objetivo, en un inicio, se exponen las características y principios tradicionales que han regido la función del Ministerio Público, de igual forma se explican los diferentes supuestos procesales de extinción de la acción penal y se hace alusión a la víctima u ofendido del delito como el gran olvidado del derecho penal. Más adelante se abordan tanto las disposiciones jurídicas que enmarcan la función ministerial en México como los tratados internacionales que rigen al respecto, haciendo una remembranza histórica de dicha figura del Ministerio Público en nuestra legislación. Para conocer el tratamiento que se le ha dado a esta procesal, en el ejercicio de derecho comparado, se estudian las legislaciones de diversos países. Por último, se analiza la función que desempeña el fiscal investigador en las tres etapas del proceso penal acusatorio -investigación, intermedia y juicio oral-; asimismo, se hace una revisión de esta figura de derecho procesal, sobre la cual, además, se hace una propuesta de operatividad.