La responsabilidad del Estado, o si se quiere, bajo una visión más acorde con el sentir constitucional y convencional del fenómeno, esto es, desde una perspectiva de víctima, y de manera concreta, de los derechos que a estas le asisten de ser reparadas integralmente por los daños antijurídicos que se les causen, por quienes ejercen el poder, constituye uno de los más grandes retos en la dinámica del Estado de derecho; y más aún, en especial, cuando ese daño antijurídico, proviene de la actividad del poder garante de los derechos individuales y de la integridad de los bienes de la colectividad en todas sus dimensiones, como lo es el Poder Judicial o por lo menos de todos aquellos que ejercen atribuciones de esta naturaleza en el contexto del orden constitucional vigente en cada Estado. En tal contexto, esta importante contribución a la doctrina de la responsabilidad del Estado del profesor Jaime Orlando Santofimio, Consejero de Estado y profesor de la Universidad Externado de Colombia que se edita en la Colección Estudios de Derecho Administrativos de la Editorial Jurídica Venezolana, aborda, desde la perspectiva convencional y constitucional, tres hipótesis altamente significativas de la actividad judicial anormal que generan responsabilidad del Estado: la de la privación injusta de la libertad, el error judicial, y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, todas ellas de incidencia inevitable en el ámbito de los derechos de las víctimas que estas actividades generan, como consecuencia de la responsabilidad que se puede derivar del ejercicio de los poderes públicos en todo Estado materialmente considerado como democrático, social y de derecho. En esta perspectiva el trabajo monográfico que se pone a consideración de la academia y de los estudiosos en general del derecho público, se soporta en la idea fuerza del ordenamiento jurídico convencional y constitucional, de la imposibilidad absoluta de admitir escenarios que amparen la arbitrariedad, el abuso, el exceso, el ejercicio desproporcionado, las omisiones y la inactividad con los que se producen daños antijurídicos ocasionados por los agentes estatales en desarrollo de la actividad judicial.